Una de las criticas recurrentes que recibió el kirchnerismo en los ocho años que lleva en el poder en la Argentina fue la política de subsidios que encaró desde un primer momento, porque se consideraba que esta asistencia era injusta, tanto la que estaba destinada a grandes corporaciones empresarias o a familias de alto poder adquisitivo, como la que era dirigida a planes sociales. Pero, más que nada, se cuestionaban las distorsiones que el manejo discrecional de estos recursos generaba en la marcha de la economía. Ahora, acorralado por problemas graves, como la inflación, el impacto de la crisis internacional, el incremento del gasto público y la fuga de capitales, el Gobierno decidió aplicar bisturí a fondo y retirar parte de esos subsidios, y eligió para comenzar estos recortes a los sectores de mayores ingresos, al menos en esta primera etapa.

Aunque el proceso se lleva a cabo bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio de Vido, lo que subyace es que las medidas no fueron del todo estudiadas. Referentes de las distribuidoras tucumanas de energía comentaron que el Gobierno aún no dispone de los datos básicos sobre a quiénes apuntará con las nuevas medidas. En Tucumán, por caso, el Gobierno no tiene claro cuántos countries o barrios cerrados hay.

Lo concreto es que los anuncios oficiales sobre la quita de subsidios a las tarifas de gas, agua y electricidad generaron un aluvión de dudas entre los usuarios residenciales de estos servicios. Las certezas no abundan en la información emanada del Gobierno, salvo para los clientes de Barrio Parque y de Puerto Madero, en la Capital Federal, y de todos los countries y barrios privados del país, a quienes la Casa Rosada decidió quitarles la ayuda estatal que los beneficiaba, a partir del 1º de enero de 2012. Pese a que el costo de la electricidad, el gas y el agua no aumentará por unidad de medida, sí subirá el monto total de las tarifas que pagarán los hogares que pierdan el subsidio, las cuales aumentarían hasta 400%. Pero la parte más controvertida de la medida comenzará a sentirse en marzo, cuando se sumarán a esta dinámica todos los clientes de la región metropolitana que acepten voluntariamente la quita de subsidios, pero también aquellos que presenten la declaración jurada para no perder el beneficio y les sea rechazada. Por lo pronto, a partir de hoy cualquier usuario podrá plantear su renuncia voluntaria -vía internet o telefónica- a la percepción de los subsidios tarifarios vigentes para electricidad, gas natural y agua. Pero no está claro por ejemplo con qué criterios y parámetros se manejarán el Gobierno para aprobar la continuidad de los subsidios en los hogares que lo soliciten.

La eliminación de las aportes del Estado a sectores privados alcanzará, en esta primera etapa, unos $ 5.000, sobre un total de subsidios previstos para este año de más de $ 70.000 millones. El Ejecutivo nacional confirmó que los usuarios que reciban jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás asistencias sociales mantendrán los subsidios, al igual que los clientes que pidan conservarlos y que el Gobierno entienda que su reclamo es justo. Los críticos entienden que estas medidas involucran una transferencia de recursos de la población hacia el Estado para financiar otras áreas más ineficientes, en un escenario de gasto creciente con desorden fiscal. Nada se mencionó sobre la asistencia del Estado al "Fútbol para todos", o sobre los millones de pesos que se gastan al año en planes que favorecen a personas en edad de trabajar. Por ahora, la opinión generalizada parece de acuerdo con que los que más ganan paguen más, pero sería importante que tamaña decisión política no deje sabor a injusticia.